Así lo recordó durante su intervención el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Timoteo Perea, que en respuesta al presidente de la Comunidad General de Regantes del Acuífero 23, Agustín Apio, negó que a día de hoy existan más hectáreas con derecho a regadío que a 1 de enero de 1986.
En concreto, Mancha Occidental I cuenta, según los regantes, con un total de 12.052 usuarios y 85.456 hectáreas con derecho a regadío, la mayoría en Daimiel, por lo que la CHG le encomendó a su comunidad de regantes gestionar la constitución de la masa de agua. Su presidente, Jesús Pozuelo, en declaraciones a La Tribuna, explicó que con este cambio, «los regantes asumirán más responsabilidades que ahora, pero también más competencias». Apuntó, en este sentido, al programa de actuación previsto en el plan de cuenca, «una herramienta que facilitará al agricultor una planificación más flexible de su explotación», y que permite, entre otros extremos, «transferencias de derechos de agua a favor de otro comunero».
Mancha Occidental I 'nace' en mitad de una agria polémica por la asignación de agua para los regantes. El pasado viernes, UPA llamó a la «rebeldía» a los agricultores del Acuífero 23, ante unas dotaciones que «están muy por debajo de los que necesitan para sacar adelante sus cosechas» y que, a juicio de su secretario regional, Julián Morcillo, suponen «un ataque sin precedentes a la agricultura de esta zona». En concreto, para las 85.456 hectáreas de Mancha Occidental I se asignan 83,69 hectómetros al año y un máximo de 979 por hectárea.
Un extremo que no comparte Pozuelo. «Si todos los regantes somos consecuentes con la situación actual y nadie extrae por encima de los derechos reconocidos, creo que los niveles se mantendrán y ningún gobierno se va a atrever a meter la mano de forma injustificada», subrayó el presidente de la Comunidad de Regantes de Daimiel, que enfatizó que, no obstante, «por debajo de esta cifra no se puede subsistir».
proceso. En la asamblea celebrada ayer, a la que asistieron los alcaldes de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, se formalizó la relación de todos los usuarios de la masa y se acordó nombrar una comisión, formada por un representante de cada uno de los 23 municipios, para redactar los estatutos y reglamentos en un plazo máximo de dos meses.
Posteriormente, los estatutos se aprobarán, si procede, en asamblea general y tras 30 días de exposición pública, se enviarán a la CHG para su autorización definitiva. El último paso será la elección de la Junta de Gobierno y la sede de Mancha Occidental I.
Fuente: latribunadeciudadreal.es
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